Ernesto Aroche Aguilar | Lado B

(@earoche)

La tarde del domingo 16 de junio un equipo funerario salió de Chilpancingo, Guerrero, para llegar a Puebla. Traían la encomienda de recoger el cuerpo de José Nava Romero, quien fue asesinado la madrugada de ese día, tras ser atacado por un grupo armado con rifles de asalto y pistolas escuadras 9 milímetros cuando se encontraba en un palenque ubicado en la avenida 24 de febrero de San Antonio Cacalotepec, una comunidad perteneciente al municipio de San Andrés Cholula.

Nava Romero, presunto jefe de la organización delictiva “Los Rojos”, quien fue brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva, alcanzó a salir con vida del lugar solo para morir metros más adelante, cuando lo trasladaban a su camioneta, una Ford Escalade ESV-350, color blanco, placas UPF-6137 del estado de Querétaro.

La ejecución del sujeto es uno más de los delitos relacionados con el crimen organizado que se han registrado en los últimos meses en la entidad, asesinatos que aumentaron en 196 por ciento en el último semestre de acuerdo con un reporte elaborado por Lantia Consultores, una empresa especializada en el análisis de políticas públicas y políticas de seguridad, y que coloca al estado como la segunda entidad con el mayor crecimiento en la materia, solo por debajo de Quintana Roo.

Pero además, el reporte de la consultora, publicado en la revista Nexos, señala un cambio geográfico importante en los asesinatos relacionados con el crimen organizado: “han registrado aumentos importantes en algunas entidades —particularmente del centro del país— que previamente habían registrado niveles de violencia relativamente bajos. Este es el caso de Puebla, Guanajuato y el Distrito Federal”.

A la alerta lanzada por el investigador Eduardo Guerrero se suma otra, tal vez menos visible porque impacta directamente en un solo gremio: el de los periodistas. Aunque sus consecuencias atañen a la sociedad en su conjunto.

El proyecto de alertas y documentación de agresiones a periodistas y blogueros coordinado por Jorge Luis Sierra muestra gráficamente a través de un crowdmap que, entre diciembre del 2012 y hasta el 25 de julio de este año, de las 74 agresiones registradas 45 de ellas –es decir el 60 por ciento-- se concentran en el centro del país, distribuidas entre Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y el Distrito Federal.

Los reportes incluyen lo mismo encarcelación de usuarios de redes sociales por parte de autoridades estatales, como sucedió en Puebla con los jóvenes a quienes se les responsabilizó por la #op5deMayo, o el asalto a instalaciones de portales digitales, hasta el asesinato de reporteros en Oaxaca o amenazas de autoridades municipales contra medios en Veracruz. Es decir, las agresiones lo mismo vienen del crimen organizado que de funcionarios de gobierno.

Mapa: //periodistasenriesgo.crowdmap.com/

Y aunque los reportes más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan un descenso en la incidencia delictiva que golpea al estado, especialmente en lo que refiere a los delitos de alto impacto (robo con violencia, secuestro, extorsión y homicidio doloso), llama la atención que la caída en los índices se registra en un contexto electoral (la tendencia es visible a partir del segundo trimestre del año, momento en el que se realizaron las campañas para definir a los nuevos presidentes municipales y la renovación del Congreso local).