Ernesto Aroche Aguilar*

@earoche

La semana pasada el columnista Valentín Varillas reproducía un video albergado en Youtube mediante el cuál los hackers (o el hacker, a saber) que traen asolado al gobierno del estado daban a conocer el costo de uno de los dos helicópteros Agusta comprados por la administración de Rafael Moreno Valle.

De acuerdo con esa información la aeronave que utiliza el mandatario estatal para sus traslados tuvo un costo de 8 millones 792 mil dólares (que al cambio promedio de 2012 según el Banxico se traduce e 115.3 millones de pesos), cifra superior en más de 1 millón de dolares a los 7.5 mdd que la dirección de comunicación social declaró como costo “máximo” de la aeronave.

La información dada a conocer por quienes lograron infiltrarse al interior del sistema informático de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) también señala que el costo por hora de vuelo de la aeronave es de 52 mil 532 pesos, y se paga del erario, es decir del bolsillo de los ciudadanos.

Como parte del contexto informativo conviene recordar que meses antes la reportera Shanik David dio a conocer con datos de la SFA, que “El 53 por ciento de los vuelos que han realizado los tres helicópteros propiedad del gobierno de Puebla han sido para el traslado de funcionarios públicos, mientras que para labores de protección civil se realizó el dos por ciento del total de los viajes”.

La información filtrada a los columnista del portal Status desató, de nuevo, la polémica sobre si detrás del hackeo y la filtración de los datos está el grupo de hacking Anonymous. Grupo, por cierto, nada uniforme, colaborativo y sin una cabeza central visible. Y ojo, este dato es importante.

La publicación de una nota en el diario Cambio, que descalificaba la fuente de Status citando una entrada en el blog anonpublico.blogspot.com, destacó los dimes y diretes entre directores de medios y columnistas sobre la paternidad de la intrusión a la red gubernamental y sus servidores. Como si la información filtrada fuese más valiosa o no, si la hubiera difundido Anonymous.

Lo que no se debatió, y hasta el momento el gobierno del estado se ha abstenido de desmentir, es la validez de la información divulgada, cuando ese debe ser el objeto central del debate periodístico: la transmisión de hechos y datos concretos y verificables, aunque esto poco se cumple.

En días pasados la organización Artículo19 ponía el dedo en la llaga: un tercio de la información que publicaron 6 medios nacionales en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto no está basa en hechos, son puros “decires” de fuentes la mayoría de las veces oficiales.

Hace algunos meses platicaba con el reportero rumano, Paúl Radú, sobre la investigación de las redes internacionales de lavado de dinero. Radú es un periodista investigativo que trabaja muy de la mano con hackers y con redes de periodistas de diferentes países para poder desnudar esas redes transfronterizas del crimen organizado, y desde su ópticala colaboración entre hackers y periodistas  es ya una realidad que irá in crecendo.

Si detrás de la filtración a Status del caso Agusta y de los datos del SOAPAP y su auditoria está o no Anonymous no es lo importante, el debate debe centrarse en si la información es real o no, verificable o no. El resto es menor, si la fuente si se llama Juan o María, pasa a segundo término.

Ahora, la mejor manera de que se termine con la especulación sobre el costo de los helicopteros es que el gobierno del estado hiciera públicas las facturas, y ya se están tardando.

Pd.- Por mero acto metodológico, sigo pensando que quien está filtrando los datos no es Anonymous. Y pienso eso no porque algunas cuentas que usan la máscara de Guy Fawkes como avatar en redes sociales se hayan desgañitando diciendo que se trata de una operación falsa (ojo, de nuevo no se desacredita la información filtrada), si no porque luego de hacer preguntas por acá y por allá me explican que hay ciertos protocolos del grupo hacker que no se siguieron en la #OpAgusta.

Pd2.- Y si quien quiera que sea que publicó en el blog público de Anonymous tiene pruebas de los pagos del gobierno de Mario Marín a los columnistas de Status, pues ya se están tardando en hacerlas públicas.

*Director del portal Lado B