Ernesto Aroche Aguilar*

@earoche

Para desgracia de Rafael Moreno Valle, el gober no está solo en la plenitud del pinche poder (Fidel Herrera dixit).

Un grupo de ciudadanos utilizando herramientas legales –un amparo— detuvieron la construcción de una obra que cruzaría parte del Centro Histórico y provocó la destrucción de un edificio histórico.

Otro grupo de ciudadanos a través de presión en las calles logró que la rueda de observación, que inicialmente el gobierno de Rafael Moreno Valle planteó colocar al interior del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, se reubicara en la zona de Angelópolis.

A la par le han llovido decenas de solicitudes de información sobre las obras y proyectos más vistosos que se han puesto en marcha en la capital poblana --el CIS, la rueda de observación, el teleférico, el viaducto Zaragoza--, y aunque hasta el momento han librado el escollo gracias a dos excolaboradores que colocó como comisionados de transparencia, Federico González Magaña y Javier Fregoso Sánchez.

Aunque las argucias legales ensayadas desde las dependencias de gobierno y validadas por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) no están blindadas del todo.

Lo que el gobierno del estado se resistió a entregar sobre la construcción del teleférico –permisos de las autoridades federales— lo hizo público a regañadientes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Desde las oficinas centrales se reconoció que la obra que emprendió el gobierno de Moreno Valle jamás fue autorizada. El INAH también hizo público, tras una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información, las actas de la reunión que sostuvo funcionarios estatales en marzo de este año, en donde se cancelaron los trabajos y se anunció el inicio de “un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio”.

Y los descalabros siguen, hace unos días el reportero Jorge Castillo Loyo –uno de los que más ha usado en los últimos años el acceso a la información como herramienta de reporteo— logró un amparo de un tribunal colegiado en contra de una resolución de la CAIP.

El tribunal colegiado ordenó a la comisión reabrir el caso y analizarlo, luego de que los comisionados Fregoso Sánchez y González Magaña, con el voto en contra de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, habían decidido desecharlo por un presunto error en el procedimiento de la queja.

A la par, el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, ese conglomerado de organizaciones, universidades y cúpulas empresariales que nació como parte del rechazo a la continuidad del PRI durante el proceso electoral de 2010, pidió al Congreso del estado llamara a comparecer al comisionado Federico González Magaña para que explicara las razones para avalar la opacidad del gobierno estatal en torno a las facturas de los helicópteros Agusta.

Y aunque al final el Congreso desechó la petición por mayoría de votos (todos diputados cercanos a los dictados de Casa Puebla), el caso se debatió en el pleno y generó un debate político y mediático que manda una señal: si hay vías legales de contrapeso al poder estatal se usarán siempre que sea posible.

Un caso más, ciudadanos apoyados e impulsados por el Movimiento de Regeneración Nacional –bases de apoyo al movimiento político-social de Andrés Manuel López Obrador, hoy transformado en partido político— mantiene en vilo la pretensión gubernamental privatizar el servicio del agua potable a través de la concesión de los sistemas operadores municipales.

La presión lograda mediante una cascada de amparos, obligó al Congreso del estado a revisar la reforma que, tras ser enviada por el mandatario estatal, se aprobó sin modificación alguna en tan solo de una semana (mientras hay iniciativas que viven el sueño de los justos en la congeladora legislativa). Los diputados  decidieron derogar el articulo 118 bis, el apartado que permitía a particulares, es decir a las empresas establecer las cuotas a pagar por el servicio.

La pelea jurídica no ha concluido, Rene Sánchez Galindo, integrante del Consejo Nacional de Morena, sostiene que buscan se derogue también la reforma a la fracción IV del artículo 31, el mismo que permite la concesión del servicio.

Al debate en torno a la concesión también han abonado los hackers –los colaboradores más recientes del mundo de periodismo--, uno o un grupo de ellos (una de las incógnitas hasta el momento) filtró al columnista Alejandro Mondragón una auditoria que realizó el despacho externo Zárate García Paz & Asoc., S.A de C.V en donde “se demuestra la solvencia y solidez de las finanzas de un Soapap que las autoridades habían señalado que estaba en quiebra, con números rojos e incapaz de enfrentar sus compromisos financieros”. Esa historia al momento de escribir este artículo aún no ha concluido.

En su primera mitad de gobierno, Rafael Moreno Valle, el hombre que llegó a la gubernatura tras más de 80 años de gobiernos priístas y con una alta expectativa ciudadana ante el cambio político en la entidad, ha enfrentando varios y costosos reveses en sus decisiones de gobierno.

Los ciudadanos –pocos todavía, es cierto— han comenzando no sólo a interesarse sino a ocuparse de las decisiones de gobierno, y tienen además herramientas más allá de la protesta en las calles para tratar de incidir y cambiar lo que de principio les afectado. No, el gober no está solo en la plenitud del pinche poder.

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Pd.- Mario Marín Torres vio tambalear su gobierno en su primer año de gobierno. La difusión de la famosa conversación del “Gober Precioso”, no sólo le dejó un mote del que ya no se ha librado, sino le obligó a reconfigurar fuerzas y tejer alianzas para afianzarse en la silla a pesar del descontento social que se volcó en las calles. Un golpe mediático lo debilitó políticamente, aunque la factura sería cobrada cuatro años después, en la elección de 2010.

Melquiades Morales también enfrentó el rechazo social a proyectos de gran envergadura y terminó por cancelar iniciativas como el proyecto Millenium y el Plan Puebla Panamá, pero me parece que Moreno Valle está enfrentando una sociedad civil organizada en torno a temas que no le afectan directamente –como en el caso de la expropiación de tierras que enfrentó Melquiades— pero que son parte de políticas de gobierno en donde se deja de lado al ciudadano en la toma de decisiones que afectan a la colectividad.

Aunque claro, como dijo Chico Marx (el hermano de Groucho): “¿A quién va usted a creer, a mi, o a sus propios ojos?”.

*Director del portal Lado B.

Este texto fue publicado originalmente en el número de enero (2014) de la revista 360 Grados.