Ernesto Aroche Aguilar*

@earoche

En 2010, cuando Rafael Moreno Valle hacía campaña, se enfrentaba al poder del estado encarnado en el heredero del marinismo, Javier López Zavala, utilizó la opacidad de su antecesor como ariete electoral. Y prometió que de llegar a la gubernatura su gobierno la transparencia y la rendición de cuentas sería una de las prioridades. Tres años después los botones de muestra llenan la botonera de la opacidad gubernamental.

1.- A finales de 2011 se daba a conocer que Moreno Valle había enviado al Congreso una iniciativa de Ley de Egresos, la primera de su administración, en donde se mantenía y actualizaba un candado a la transparencia heredado de la administración anterior. La iniciativa limitaba el acceso a los documentos que prueban el gasto público –facturas, contratos y etc.— al tasar en 80 pesos la copia. Tras la presión política y mediática el gobernador decidió eliminar el candado.

2.- Acceder al gasto erogado en medios de comunicación, uno de los temas tabú del sexenio pasado, es hasta el momento uno de los asuntos más opacos. Y si bien se entregó a regañadientes un listado de las erogaciones en la segunda mitad del sexenio pasado, el gasto en la actual administración se ha hecho público a cuentagotas, y solo tras decenas de solicitudes de información.

3.- Entre 2012 y 2013 se le ha puesto un cerrojo a temas relacionados con la obra pública más vistosa de la actual administración, entre ellas el Centro Integral de Servicios, la obra más cara del actual sexenio (hasta el momento) –se pagará la friolera de 3 mil 700 millones de pesos en casi 24 años--, el teleférico y la rueda de observación. Las solicitudes de información no sólo se han topado con pared en las dependencias de gobierno, en este caso la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), es decir el órgano que debe defender el Derecho de Acceso a la Información ha jugado un papel importante validando la opacidad.

4.- El caso más reciente, las facturas de los helicópteros Agusta que adquirió en 2011 el gobierno morenovallista, pone en un espejo a Moreno Valle y Marín.

Me explico:

En junio de 2007, la CAIP conformada entonces por Antonio Juárez, Samuel Rangel y Josefina Buxadé discutían si hacer públicas o no las bitácoras de vuelo de las aeronaves estatales utilizadas por Marín Torres y su, entonces, consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz.

Tras un intenso debate en el pleno se aprobó, con el voto en contra de Buxadé, que se diera una versión pública de las bitácoras. La comisionada había propuesto que se hicieran públicas en su totalidad, pero Rangel y Juárez decidieron que no fuera así, pues se aseguró que conocerlas en su totalidad podría permitir se conocieran los patrones de vuelo con lo que se pondría en riesgo “la gobernabilidad del estado”.

Seis años después el escenario se repite. Dos comisionados –, Javier Fregoso Sánchez   y Federico González Magaña, señalados por su relación previa con el mandatario— deciden por razones de seguridad y gobernabilidad reservar las facturas de las aeronaves, una comisionada, Blanca Lilia Ibarra Cadena, argumenta que se deben hacer públicas pues sostiene se trata de documentos que difícilmente podrían contener información que permita se infieran los patrones de vuelo. La única diferencia en ambos casos son los nombres de los actores. Hace seis años Marín, ahora Moreno Valle. Hace seis años Juárez, Rangel y Buxadé, ahora Magaña, Fregoso e Ibarra.

Sí. En materia de transparencia Moreno Valle y Marín se miran desde un espejo. El de la opacidad.

Pd.- Ayer el nodo de transparencia de Actívate por Puebla dio a conocer que solicitó al Congreso se ordene la comparecencia de González Magaña para que explique la negativa a hacer pública la facturas de los helicópteros. La pregunta es, entonces, ¿a quién obedecerán los diputados? ¿a los ciudadanos que los eligieron o al gobernador del estado? ¿Usted qué cree?

*Director del portal de noticias Lado B