La discusión acerca del incremento del salario mínimo en México sigue siendo todavía un tema fundamental que definitivamente impactará en el desarrollo económico y social del país.

          Desde luego hay posturas a favor y otras en contra con sus respectivos argumentos. No sólo conlleva una connotación meramente económica y legal, sino también moral que tiene que ver con la dignidad humana y justicia social.

          La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 123, Inciso A, fracción VI, párrafo segundo dice “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”

         ¿Los salarios mínimos actuales cumplen con lo establecido en la Constitución? Obviamente…no. Como manifiesta el investigador del Colegio de México Gerardo Esquivel “Ganar un salario mínimo equivale a estar dentro de la pobreza”.

          Según datos oficiales, el salario mínimo en México sólo le sirve a un trabajador para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas, pero no le ayuda a salir de su condición de pobreza permanente. $2,018.7 al mes es su valor fijado para este 2014;  Es decir,  $66.40 diarios.  Seis millones 887 mil personas laboran en México devengando un salario mínimo. Representan el 13.71% de la población empleada; hombres el 52% y mujeres el 48% según cifras del INEGI. La proporción es elevada, por ejemplo en Chile es de 4.6%.

          Continuando con datos oficiales, $1,047 por mes en promedio necesita cada persona para adquirir la canasta básica alimentaria, y $2,083 al mes en promedio para satisfacer sus necesidades mínimas.

          En términos reales, el salario mínimo no se ha movido en los últimos 15 años. Comparado internacionalmente, es uno de los más bajos de América Latina después del de Haití. Según la OCDE es el más bajo en relación al salario promedio y su poder adquisitivo ha perdido el 72.8% en los últimos 36 años.

          Prácticamente el argumento en contra del aumento es que un incremento generalizado en el nivel de salarios mínimos actuales impactará negativamente en la inflación y en el crecimiento económico.

          A lo anterior hay que hacer ver lo siguiente: para determinar si el incremento al salario mínimo tendrá un impacto positivo o negativo en la inflación y crecimiento debemos considerar su porcentaje de aumento, la proporción de trabajadores sujetos a obtenerlo como ingreso, y su relación con el salario promedio entre otras cuestiones.

         El incremento de $15 que se pretende para 2015 representa aproximadamente el 23%. Este porcentaje tendría un impacto total en los precios de 0.5 a 0.7%, lo cual es inelástico (no altera prácticamente el nivel de precios actual).

         Aunque la proporción de trabajadores a obtenerlo es relativamente alta, sólo el 26% se encuentra en la formalidad, mientras que el 74% en la informalidad. Además, el salario mínimo actual promedio representa una compensación muy baja en relación con el de otras naciones y con respecto al PIB del país.

        Como se puede ver, realmente el incremento no impacta negativamente sobre la inflación. Ahora, con respecto a las empresas, se dice que éstas lo pueden ajustar con mayor productividad, menor gasto de entrenamiento, compresión salarial y menores beneficios o ganancias.

          Desde mi punto de vista estas son algunas recetas que no todas las empresas pueden hacer dada la situación económica actual que prácticamente tiene de rodillas a las Mipymes, las cuales representan prácticamente el 99.8% de la planta productiva nacional y generan el 73.8% del empleo total del país.

          La teoría económica nos indica que los salarios deben incrementarse en el mismo porcentaje que la producción de bienes y servicios lo hace. Sin embargo, estando en una recesión lo que se requiere es reactivar la actividad económica a través del consumo e inversión. Si el sector privado no lo hace, lo debe hacer el sector público a través de gasto público de capital en un inicio para estimular a los demás agentes económicos y echar a  girar nuevamente la rueda.

          Es indudable que el aumento impactará en el costo directo de las empresas y que muchas de ellas no están en la posibilidad de reflejarlo en sus precios de venta y ello puede afectar la productividad y el crecimiento. Por otro lado, mayor poder adquisitivo del trabajador representa mayor consumo (aumento de la demanda agregada), empleo y crecimiento.

           Lo que se puede hacer es un pacto con el Gobierno. Negociar con el sector público que el incremento o diferencial al salario no sea tasado o gravado para ayudar a que el impacto del aumento sea mínimo en los costos del sector privado.

           El Gobierno puede argumentar que ello le repercute en sus ingresos por concepto de los impuestos que recauda de las empresas, pero lo vería compensado en el aumento en el IVA como consecuencia de un incremento en el consumo de bienes y servicios.

           De esta manera, las empresas no sufren el incremento de manera abrupta en sus costos, el trabajador tiene mayor poder adquisitivo para demandar más bienes y servicios, y el Gobierno compensa el ingreso vía otro impuesto. Resultado: mayor actividad económica, crecimiento y bienestar social. De alguna manera todos los agentes se benefician.

            Estamos en tiempos de volver a hacer pactos entre el sector público y privado para mejorar el nivel de bienestar social que involucre a todos los agentes económicos para aminorar los efectos negativos de la recesión.

            Finalmente, el incremento al salario mínimo (y debería ser también al promedio) es una cuestión de moral y justicia social. Cuando la riqueza está tan altamente concentrada en tan pocas manos y el nivel de ingreso tan polarizado, redistribuirlos es el comienzo para reducir la brecha e ir reduciendo la pobreza generando bienestar social.