Es por lo que representan Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y otros personajes públicos como el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, que la molestia hacia el gobierno federal crece, después lo revelado por el diario The New York Times, sobre presunto espionaje a periodistas o activistas por parte de instancias gubernamentales.

“Pegasus”, el software que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, es el protagonista de esta historia que indigna pero al mismo tiempo, no hace más que deteriorar la reputación de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto. Vea por qué:

Si bien el espionaje es una actividad muchas veces ilegal, también suele ser una valiosa herramienta para detectar, seguir y detener a aquellas personas o grupos que representan un riesgo para la seguridad nacional de cualquier país, siempre y cuando esté respaldada por alguna orden judicial; sin embargo, en México se obtiene más información por técnicas ilícitas que por las que están apegadas a derecho.

¿Por qué a ellos?

Otro cuestionamiento que la sociedad hace al gobierno federal, se refiere a la elección de los objetivos a seguir por parte de éste último; en otras palabras, ¿por qué acechar a personas (activistas o periodistas) que no son delincuentes ni constituyen un riesgo latente para este país?

Es de todos conocida la postura de Aristegui hacia el régimen peñanietista, habrá quien esté de acuerdo con su manera de hacer periodismo y quien no; empero, el infiltrar sus dispositivos de comunicación y el de su círculo cercano, es un acto violatorio de la ley.

Una “raya más al tigre”

Quizá, la labor principal de los medios de comunicación y en particular del periodista es investigar y denunciar los abusos y excesos de la clase política. Tanto la ex titular de Noticias MVS como Loret de Mola, son referentes en la materia y por ende, incómodos para la élite gobernante.

Por enésima ocasión, el régimen de Enrique Peña Nieto vuele a situarse en el centro de la polémica, nuevamente cometió un grave error al observar, escuchar o leer los pasos de quienes ya los consideran, al interior de éste, como “enemigos del Estado”.

Un gobierno que espía y espía mal -o equivocadamente- apunta hacia el fracaso en su política de seguridad y de ejercicio del poder, debido a que sus “baterías” están enfocadas a sus críticos y no a quienes flagelan todos los días a este país (narcotraficantes, asaltantes, secuestradores, etcétera).

Los responsables

De acuerdo al periódico estadounidense, la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software, cobra alrededor de 650 mil dólares por vigilar a diez usuarios del teléfono iPhone de la marca Apple, además de una cuota de instalación que asciende a 500 mil dólares.

Si se comprueba que la Procuraduría General de la República, la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) son los responsables (en lo individual o en lo grupal) de dicha acción, sería una pésima señal, pues quedaría demostrado que en México los derechos humanos son vulnerados.

Aún queda mucho por contar en esta historia, habrá denuncias y pronunciamientos de los afectados, en contraparte, en Los Pinos negarán los hechos y se deslindarán permanentemente, lo único cierto es que su imagen ya está dañada gracias a su paranoia, la cual no es nueva.

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