A través de un video que circula en redes sociales se advierte claramente como la FGE de Quintana Roo cateó una de las propiedades del reconocido empresario y activista, Carlos Mimenza; cateo que está amañado, como en todas las actuaciones de la Fiscalía dentro del proceso penal que se sigue en su contra, pues entre muchos actos ilegales perpetrados por los elementos de seguridad que lo ejecutan, se observa que mueven las cámaras de seguridad para que no haya evidencia alguna de las irregularidades y violación de garantías durante ese procedimiento.

A punto de cumplirse dos años de que el empresario y activista Carlos Mimenza fuera encarcelado, acusado falsamente del delito de extorsión, continúa una "persecución de estado" en su contra.

Efectivamente, a través de una sentencia concedida por un juez federal, misma que fue ratificada por un tribunal colegiado, en uno de los amparos promovidos por los abogados del empresario, se evidenció la falsedad con la que se conduce el denunciante de dicho delito, así como que la imposición de la medida que ha mantenido en la cárcel al empresario, no estaba justificada ni era adecuada, ya que fue impuesta como medida cautelar mientras se investigaba un delito.

A pesar de lo anterior e incluso antes de conocerse el resultado de la revisión del tribunal colegiado, de nueva cuenta un juez de control "de consigna", con residencia en la ciudad de Chetumal, volvió a imponer al empresario una medida de prisión preventiva como medida cautelar, misma que no tiene sustento legal, lo que motivó que en su contra nuevamente se promoviera un juicio de amparo, que se encuentra pendiente de resolverse, sin embargo, la Fiscalía armó una nueva acusación en su contra; ahora por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Con esto se demuestra plenamente que una vez más el Fiscal Óscar Montes de Oca ha manipulado agentes ministeriales, testigos falsos, y lo más preocupante, la participación de jueces locales que se han prestado para actos de corrupción, privando de la libertad a personas inocentes.

A Carlos Mimenza le han realizado 2 cateos en sus propiedades con la única finalidad de destruir sus oficinas y bienes; también ha sido víctima de 4 auditorías a sus  empresas, 2 demandas de extorsión, 3 por violencia política; y ahora que ha ganado diversos amparos, pretenden fincarle responsabilidad por un supuesto intento de homicidio de una persona que según fuentes cercanas, jamás ha visto ni conoce.

Es claro que el Fiscal atenta contra los derechos elementales del empresario, por lo que diversos grupos de activistas se empiezan a organizar nuevamente para dar a conocer ante instancias federales su conducta ilícita; independientemente de que éste no es un caso aislado que está analizando el gobierno que pronto entrará en funciones para evaluar si un personaje que tortura, que criminaliza la protesta y que fabrica delitos, debe o no continuar en ese cargo de tanta responsabilidad, en un estado donde la ciudadanía es víctima de la delincuencia organizada y de crímenes políticos.

Veremos y diremos.