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Violeta Lagunes Viveros

Valle Violeta: Gobernador de Tlaxcala se une al clan Granier

Publicado: 20 de Julio 2015 en Política Local y Comunidad
1920 visitas 0 comentarios Blog 2 de 21   Editado el 20 de Julio 2015

El Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, considerado uno de los gobernadores mejor evaluados de México, acaba de cometer uno de los mayores errores de su administración, pues hizo negociaciones con la empresa “Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V., propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz.

De acuerdo con el expediente que obra en poder de este grupo editorial, la operación fue realizada a través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y la Secretaría de Finanzas, órganos de gobierno que llevaron a cabo la Apertura de Propuestas Económicas de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-039/2015, referente a la adquisición de placas de circulación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de esa entidad, a las 18:50 horas del pasado 19 de mayo de 2015, así como la adjudicación correspondiente a favor de “Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V.

Las propuestas económicas recibidas fueron únicamente las de “Troquelados e Impresos”, S.A. de C.V., y “Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V. quien presentó una oferta de placas de circulación de servicio particular para automóvil y automóvil antiguo y camioneta, por $199.00 cada una, adjudicándose a su favor el contrato correspondiente con fecha 25 de mayo de 2015.

Esta cantidad es descabelladamente más alta que el precio con el que dicha empresa pretendió sin suerte, vender sus placas de circulación al Gobierno del Estado de Tamaulipas, apenas un mes antes, es decir, el 9 de abril de 2015, sin embargo, no se le adjudicó, el contrato de placas de circulación respectivo, derivado de la Licitación Pública Nacional número 57062002-00215.

Esto es así, pues de acuerdo con el acta levantada con motivo del fallo de adjudicación respectivo, y sus anexos, las placas de circulación ofertadas por "Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V., no reúnen los requisitos legales, ni la calidad mínima, establecida en la norma que regula la materia, de acuerdo con el dictamen técnico que en el caso elaboró el Instituto Politécnico Nacional (http://goo.gl/P8UJd1) y su respectiva reforma.

Es decir, el Gobierno de Tlaxcala contrató las placas necesarias para su programa de reemplacamiento con una empresa que no cubre los niveles mínimos de control de calidad en el material que oferta, y al doble del precio por el que la propia empresa pretendió vender sus placas al Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien falló en su contra.

Pero la baja calidad de las placas de Vitro Fomento Industrial", S.A. de C.V. y los elevados costos que pretende cobrar por éstas al Gobierno de Tlaxcala no son lo que más asombra a la población, sino el tipo de personajes que se encuentran detrás de esta empresa. Usted se ha preguntado ¿quién es el prominente empresario Juan Manuel Ponce Díaz, a quien a través de la empresa “Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V., González Zarur estuvo dispuesto a adjudicar un contrato de licitación pública nacional por el doble, o más, del precio que la misma empresa cobra en otros estados por cada placa de circulación con la misma descripción y calidad?

A Juan Manuel Ponce, así como a su padre Fernando Javier Ponce, es fácil escucharlos nombrar en asuntos vinculados con empresas señaladas como “lavadoras” de dinero proveniente del erario público y por el despojo de ejidatarios indígenas de sus tierras y aquí nos permitimos citar sólo algunos de los casos más sonados en los últimos años, para que Usted valore la magnitud del problema en que se metió el Gobernador en funciones de Tlaxcala, por razones que sólo él debe conocer.

Recordemos que en el momento de mayor escándalo ante la detención del ex Secretario de Finanzas del Gobierno de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, y el propio ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, entre otras cosas, se señaló que se investigaban al menos 50 empresas que presuntamente habían intervenido en transacciones irregulares, para el “lavado de dinero” del clan Granier-Sáiz, por desvío de recursos del erario público.

Las supuestas empresas lavadoras de dinero del clan Granier-Sáiz eran financieras, inmobiliarias y empresas de servicios ubicadas en Yucatán, constituidas entre los años 2008 y 2012, entre ellas “MZ Financial”, S.A. de C.V., “MZ Operaciones”, S.A. de C.V.; “MZ Financial, SOFOM ENR”, S.A. de C.V.; “MZ Financiera Integral”, S.A. de C.V., así como “Residencial Xcaret”.

De hecho, se señalaban entre los principales socios de ese clan a Lorenzo de Jesús Medina González, Esteban Correa Bolio y Juan Manuel Ponce Díaz, quien en ese momento se desempeñaba como director de Bepensa.

Versiones periodísticas señalaban que el supuesto blanqueo del dinero se consolidó en 2008, fecha en que el clan adquirió la empresa Unión de Crédito del Golfo, S.A. de C.V, operada por Medina González y Esteban Correa, además de ser los encargados de las transacciones irregulares de adquisición de terrenos ejidales en 7 municipios de Yucatán (Mocochá, Baca, Sierra Papacal, Tipehual, Tixcacal y Opichén), donde adquirieron 292 hectáreas, además de los municipios de Umán en el que adquirieron 2 mil 500 hectáreas, Kanasin, 2 mil 131 hectáreas, y Yaxkukul 700 hectáreas

De hecho, en su momento, el entonces Procurador de Justicia de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, declaró que se habían asegurado más de 900 inmuebles en varias entidades, entre ellas Yucatán, además de muchísimas cuentas bancarias, producto de las investigaciones por lavado de dinero y peculado seguidas contra José Manuel Sáiz Pineda, en el juzgado segundo de Distrito en Villahermosa, por el orden de 939 millones y 88.5 millones de pesos.

Ahora bien, se dice que el clan Granier-Saiz se apoderó de los terrenos ejidales mencionados, realizando asambleas ilegales, en las que José Manuel Saiz Pineda, y sus socios Lorenzo de Jesús Medina González, Esteban y Rafael Correa Bolio, haciéndose pasar por ejidatarios se adjudicaron poco más de 2 mil hectáreas sólo en Kanasín.

De estas hectáreas, alrededor de mil fueron enajenadas en transacciones de compra-venta entre diversos compradores, y las mil restantes pasaron a “Patrimonio Kanasín”, empresa que según se dice, fue creada ex profeso para lavar dinero.


De acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán, entre las empresas que se asociaron para conformar “Patrimonio Kanasín” se encuentran “Bienes Raíces Supreme”, SA de CV, propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la “Unión de Crédito Integral del Golfo”, SA de CV.; “Desarrollo RDG”, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo, y “Grupo Hogare”, SA de CV, de Juan Manuel Ponce Díaz y nuevamente Rommel Daniel Sánchez Angulo.

Según la escritura 126, "Patrimonio Kanasín" se creó el 1 de junio de 2012 con un capital social mínimo de 50 mil pesos y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad cinco días después, dividiéndose las acciones en 3 partes a favor de un consorcio creado ex profeso para esas operaciones, el 25% para “Desarrollos RDG”, el 50% para “Bienes Raíces Suprime”, y otro 25% para “Grupo Hogare” de nuestro personaje, Juan Manuel Ponce.

Se dice que el valor real de los terrenos que se vendieron esa zona (131 hectáreas) era de poco más de 39 millones de pesos, pero fueron enajenados a "Patrimonio Kanasín" en 246 millones 564 mil 810 pesos, es decir, 4 veces más alto que su valor real.

Otra de las empresas ligadas con Juan Ponce Díaz, es Bepensa Industria, que es un conglomerado industrial que aglutina a cinco empresas y más de 40 plantas en once estados de la república y tres países de América Latina. En el momento de las transacciones mencionadas, su director era Juan Manuel Ponce Díaz, aunque el socio mayoritario es su padre Fernando Javier Ponce.

El grupo empresarial Bepensa tiene dos divisiones: Bepensa Industria y Bepensa Motriz. La primera de ellas se divide a su vez en dos ramas: Bebidas e Industria. Opera en 15 estados del país, así como en Centroamérica y el Caribe y controla el 80% del mercado de bebidas en la Península de Yucatán y el 50% en República Dominicana, por lo que es considerada como una de los quince embotelladoras de Coca Cola más grande del mundo.

El consorcio lo integran además compañías como Metaplus (refrigeración comercial), la empresa colombiana Cold Star, (fabricante de la marca Cold Line), Kimpen Coinsa (especialidades químicas para la industria de alimentos y bebidas y en servicios de certificación y análisis ambientales), Mega Empack (transformación de plásticos rígidos y flexibles para brindar soluciones de envase y almacenaje al mercado de alimentos y bebidas, así como al agrícola, farmacéutico y agroquímico); Plastherm (desarrollo de empaques flexibles de polietileno y polipropileno para la industria de alimentos y bebidas); Financiera Bepensa (servicios financieros); además es socia de empresas como Jugos del Valle, Pet Start, una recicladora de plásticos PET; una fábrica de latas en Querétaro y, en unión con empresarios de Puerto Rico, de otra planta de latas para refrescos y cervezas en San Juan, además de que adquirió la fábrica de productos lácteos Santa Clara, maneja algunas empresas de distribución de automóviles Audi y Porsche, la venta y renta de las maquinarias Cummins, Case, Komatsu Montavert, así como carros de golf Club-Car, entre otros negocios.

Asimismo, Bepensa es “proveedora oficial” de etiquetas en envase de vidrio de “Vitro FOmento Indistrial”, S.A. de C.V., dedicada inicialmente a empaques para botanas y galletas, aunque pareciera que ahora se está metiendo en el tema de las placas vehiculares. Esta empresa es de Juan Manuel Ponce Díaz, nuestro personaje, quien además es hijo de Fernando Javier Ponce García, mismo que como se he señalado, es el socio mayoritario de Bepensa.

Este personaje creó además la inmobiliaria “Península Maya Developments” que desarrolló el proyecto “La Ensenada”, y de acuerdo con el folio mercantil electrónico 18753, su consejo de administración se complementa con Gabriel Antonio Cámara Roche, Ermilo Javier Castilla Roche –yerno de Ponce García–, y por supuesto, Juan Manuel Ponce Díaz.

En la lista de socios de Fernando Ponce se encuentra además Jaime Zetina González (primo del entonces gobernador de Quintana Roo), así mismo, entre los terrenos del ejido de Holbox, Ponce García, cedió 6 a su hijo Fernando José Ponce Díaz, 6 a su hija, Margarita del Pilar Ponce Díaz; donando otra propiedad a “Península Maya Village”, SA de CV.

Gracias a esta inmobiliaria, en el año 2009, Bepensa estuvo en el ojo del huracán, pues a su socio mayoritario, se le asoció con un fraude precisamente en “La Ensenada”, declarando éste que con el proyecto inmobiliario el grupo inauguraría su expansión al sector turístico.

Inclusive se dice que desde la década de los 90, este grupo fraguó una estrategia para hacerse de los derechos ejidales de cientos de habitantes de la zona de Holbox, al norte de Quintana Roo, adquiriendo decenas de hectáreas para desarrollar este polémico proyecto enclavado en el área natural protegida de Yum Balam, con el “apoyo” del gobierno federal y estatal.

La inversión del proyecto “La Ensenada”, fue de 850 millones de dólares, a través de la compañía “Península Maya Developments”, constituida legalmente el 13 de noviembre de 2007, obteniendo seis lotes en Holbox el 13 de septiembre de 2009.

El vínculo del Gobernador Félix González Canto con Fernando Ponce, lo encontramos por el hecho de que el ex mandatario previamente laboró durante 12 años como empleado de Ponce García, por lo que posteriormente Jaime Manuel Zetina González, su primo, “adquirió” 12 títulos de propiedad en ejidos de Holbox, cuando se desempeñaba como secretario de Fomento Económico de Yucatán y con la venia del propio Gobernador en funciones en ese momento. De esta manera, en sólo dos años (2007-2009), el grupo liderado por Ponce García “invirtió” en Quintana Roo, más de 350 millones de pesos.

La Isla que este grupo despojó, cuyo nombre en lengua maya significa “hoyo negro”, pertenece al Área Natural Protegida Yum Balam y es un santuario natural de aves marinas y tortugas carey. También un refugio de garzas y flamencos rosas, además de ser lugar de avistamiento del tiburón ballena.

De ese tamaño son las operaciones que los Granier-Sáiz Ponce y González-Ponce han realizado en detrimento de los pobladores indígenas en la Península de Yucatán, a quienes no sólo despojaron de sus bienes sino que coludidos con las autoridades, realizaron todo tipo de violaciones a sus derechos humanos, entre ellos, la detención de una gran cantidad de quienes se atrevieron a denunciar estos hechos.

Ahora, con una licitación nacional para la adquisición de placas de circulación adjudicadas a “Vitro Fomento Industrial”, S.A. de C.V., Gonzalez Zarur, actual Gobernador de Tlaxcala, a los clanes a los que nos hemos referido, en detrimento del erario de la población, pues como se ha señalado, compró a este grupo varios paquetes de placas de circulación para automóviles y camiones, en el mes de mayo del presente año, a un valor de $199.00 cada una, es decir, el doble del precio en el que la propia empresa oferta las placas de circulación que elabora, respecto del mismo tipo de vehículos, como en el caso del Estado de Tamaulipas, que apenas en el mes de abril del mismo año, vendió varios paquetes de placas al Gobierno de ese estado por el precio de $119.00 cada una; con costo al erario público, -que de por sí es muy limitado para el Estado de Tlaxcala-, es decir, de los casi nueve millones y medio que pagó el gobierno de Tlaxcala ($9,457,283.96), existió un sobre costo de casi cuatro millones de pesos ($4,000,000.00) y aunado a ello, adquirió unas placas que de acuerdo al órgano dictaminador, es decir, el Instituto Politécnico Nacional, no reúnen los requisitos elementales de control de calidad. Las razones... hay que preguntarlas al Gobernador Mariano González Zarur.

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