Gastar de más no significa adquirir las mejores cosas ni garantiza la obtención de resultados positivos en cualquier disciplina, tampoco asegura el éxito total de una empresa o persona y menos, garantiza que más gente participe en acciones ciudadanas como la democracia.

Por increíble que parezca, México es uno de los países que más desembolsa en el terreno político- electoral, con el objetivo, dicen, de garantizar el derecho al voto a los ciudadanos para elegir libre y secretamente a sus autoridades o representantes populares, así como organizar contiendas más equitativas a prueba de fraudes.

Hoy, las campañas y jornadas electorales son auténticas “ferias del derroche”, en las cuales, los recursos económicos circulan libremente de una manera descomunal, todo, para que los partidos ganen más adeptos a su causa por medio de la compra de “conciencias”.

Ríos de dinero

El 2018 será un año de definiciones políticas para México, debido a que se elegirá, entre otros cargos, al próximo Presidente de la República. Por ello, la autoridad en la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó en días pasados un presupuesto partidista de 6 mil 700 millones de pesos ($), cantidad única y exclusiva para los gastos de campaña.

Pero la propaganda es tan sólo uno de los tres rubros electorales donde se derrochan sumas estratosféricas que bien podrían asignarse a otros sectores prioritarios como la educación o salud.

Los otros son los gastos operativos del INE (salarios, empadronar, capacitar a funcionarios, instalar casillas, etcétera) que ascendieron en 2017 a $11 mil millones y las prerrogativas (financiamiento público) que por ley corresponden a todos los institutos políticos, fue de $4 mil millones para el año en curso.

Mala imagen

Con estos números cualquiera podría suponer que México es una de las democracias más avanzadas y consolidadas del continente, pero no es así, según una encuesta hecha en 2016 por el periódico El Economista, el INE es la octava institución con menor nivel de confianza entre los ciudadanos, mientras que los partidos y diputados estuvieron entre los últimos cuatro de los 17 organismos evaluados.

El desprestigio y la percepción de sostener una democracia muy cara, se puede atribuir a muchas causas, una de ellas es la Ley Electoral, que en lo que va del siglo se ha reformado dos veces (2007 y 2014), según los legisladores, para hacerla menos costosa, más transparente y representativa.

Violando la ley

Sin embargo nada de lo anterior ha sucedido, ya que los partidos a pesar de no pagar por la difusión de spots, es decir, ser beneficiarios de un amplio porcentaje de los tiempos oficiales en las estaciones radio y televisión, poseen un presupuesto mayor que cuando invertían en éstas.

Otro aspecto no menos relevante es el dinero con el que viven. En la ley se establece que su procedencia tendrá como origen el erario (a través de una fórmula basada en el padrón electoral) y una mínima parte de las aportaciones privadas; no obstante, en la práctica se allegan de más recursos en efectivo o depósitos bancarios (triangulados) provenientes de grupos empresariales, políticos y hasta delincuenciales, especialmente del narcotráfico.

La clase política mexicana piensa –erróneamente- que la democracia se consolidará si “inyecta” más billetes y monedas en las campañas o si pone más candados en la ley, pero ignora que la mejor receta es la austeridad, la elaboración de propuestas viables, no otorgando dádivas al votante y sí, realizando un trabajo honesto.  

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