Poco más de 530 mil millones de pesos son destinados al sector educativo nacional. Este monto representa aproximadamente el 24% del total del presupuesto federal y ni así alcanza, ya que la mayor parte se utiliza para pagar los salarios, prestaciones, jubilaciones del personal docente y de confianza así como para el pago de rentas, teléfonos y otros servicios administrativos. Menos del 3 por ciento del total se usa para construir más escuelas, darles una manita de gato a las que ya están y evitar que los baños escolares nacionales se colapsen. No hay un presupuesto para pagar los servicios de luz, teléfono y agua . Es más, se sorprenderá usted al saber que no existe en todos los rubros uno específico para el pago de los tan necesarios gises y plumones. Tenemos escuelas que sobreviven de puro milagro, a la mexicana.

Sin embargo México en los  últimos años ha aumentado de manera espectacular los recursos que se destinan a esta área prioritaria. De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 1994 el gasto público  por alumno fue de 9,000 pesos mientras que el 2008 la cifra se elevó a poco más de 14,000, un aumento de 36% en 14 años. Pero entonces ¿qué está pasando que no podemos poner orden en la casa?, bueno a ciencia cierta no lo sabemos por el merequetengue que se traen, solo nos queda claro que el balance presupuestal no es el más óptimo, ya que de acuerdo a estándares internaciones, el monto del gasto corriente debería rondar entre un 60 y un 70 por ciento,  dejando el suficiente margen de maniobra para invertir en todo lo demás. Cuando un secretario de educación Pública le diga que no le alcanza, puede confiar en que le está diciendo la verdad.

En un sondeo rápido, una escuela con 300 alumnos en promedio gasta al año algo así como 26 mil pesos en luz, 7,000 en agua (y solo cuando el bendito comité de padres anda correteando a los del sistema de agua potable para una condonación)  y 8,000 de teléfono en tarifa comercial especial, lo que hace un gran total de 41 mil. Dividido entre los alumnos les toca democráticamente –porque aquí si funciona la democracia- a poco más de 130 por piocha. Esto sin contar los salarios extraordinarios del profe de inglés, danza etc. y los gastos de mantenimiento mínimo (la impermeabilizada anual, el aniquilamiento de las ratas y por supuesto los folclóricos festivales), haciendo que la cifra llamada “cuota voluntaria” se vaya a los 300 pesos como mínimo. Cuando se escucha en las marcha y plantones que la consigna es defender la escuela pública, muchos padres de familia levantamos las cejas y nos preguntamos ¿defender la escuela de quien o quienes? Para poner un ejemplo, tan solo en la ciudad de Puebla que tiene más de 900 planteles escolares, se necesitaría un presupuesto anual adicional de 36 millones para hacerlos verdaderamente públicos. Ahora multiplíquelos por los más de 100,000 que están en todo el país y tendrá una idea la paupérrima situación en la que nos encontramos.

Algunos de los pasos a seguir para combatir esta situación son sencillos: Primero, conocer a ciencia cierta en quien y en que se utiliza el gasto educativo no solo a nivel federal sino en cada estado, aplicando de manera rigurosa las leyes de transparencia. Segundo, asegurar los mecanismos que permitan hacer más eficiente la administración de la educación (por ejemplo, las famosas secretarias que hacen exactamente lo mismo en dos lugares distintos), y finalmente apostar por destinar mayores recursos a la formación docente y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Así de sencillo pero así de complejo.

Mientras tanto, tendremos en cada uno de los baluartes educativos nacionales a directoras y directores heroicos defendiendo a-la-Pedro-Infante los pocos recursos que quedan. Seguirán las mesas directivas preocupándose cada año por el pago que se vence y rogando que algún funcionario público se apiade para aplicar los descuentos de rigor.  Viviremos pidiéndoles a nuestros niños y jóvenes que piensen en un mundo mejor cuando su realidad les dice todo lo contrario.