Recientemente, una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo: Enrique Peña Nieto, al Senado de la república para su discusión y posterior modificación/aprobación.

Es posible que la iniciativa de ley mencionada, remita nuestro pensamiento al México del siglo XX. Época de desmesurada e insana concentración de poder en el presidente de la república, donde la información (si es que a eso se le pudiera ahora llamar información) en los medios de comunicación era celosamente vigilada y filtrada por la SEGOB, que haciendo las veces de madre de todas las secretarías de Estado y brazo político de la presidencia de la república, llevaba con mano de hierro la batuta que dirigía el compás de la “pieza musical” que habrían de interpretar los medios de comunicación a la ciudadanía. Predominando así las notas del autoritarismo y la represión.

En los primeros párrafos de ésta iniciativa de ley, se hace referencia a la importancia de las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones. Considerándolos instrumentos para la participación democrática, la inclusión social y el crecimiento económico; que nos permiten interactuar de manera ágil y oportuna con nuestro entorno y con el mundo, facilitando también el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Sin embargo, las esperanzadoras promesas del supuesto espíritu reformador de la actual administración federal, que llegó a ilusionar a más de uno con sus aparentes milagros (como la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión), se diluyeron de inmediato con severas bofetadas de realidad que propinó su ya mencionada iniciativa de ley.

Ya que de aprobarse en “fast track” y sin cambio alguno esta iniciativa enviada por el presidente al Senado, la Ley Federal de Telecomunicaciones de México sería un referente de censura en Internet. Mientras que las libertades democráticas que la misma le reconoce al Internet, serían limitadas para los mexicanos.

Algunos artículos de la iniciativa ejemplifican lo anterior, tal es el caso del artículo 145 apartado 3, que refiriéndose a los concesionarios y autorizados menciona:

“… Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”

Y el artículo 189, del cual se puede leer:

“… Asimismo, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes”

Por su parte, el artículo 190 menciona:

“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios y aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten, de conformidad con las leyes correspondientes”

Más aún, el artículo 192 obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a mantener un registro y control de las comunicaciones hasta por dos años a partir de la fecha en que se realizaron, registro que deberá ser entregado a las autoridades si estas así lo solicitan.

Por si todo esto fuera poco, la iniciativa del ejecutivo federal otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de velar por los derechos de las audiencias, lo cual constituye un claro retroceso en el camino a la construcción de instituciones autónomas en nuestro país. Además de otorgarle también a dicha secretaría la tutela de la radio comunitaria, a través de la creación del organismo público denominado: “Sistema Público de Radiodifusión de México”.

En términos de competencia económica la presente iniciativa de ley también deja mucho que desear, pues pareciera que se pretende mantener el statu quo de una grosera concentración en televisión abierta (acaparada mayormente por Televisa). Siendo que a pesar de la inminente llegada de la Televisión Digital Terrestre a México (tecnología digital que posibilitará la compresión de la señal para tener más canales de televisión, de la misma o mejor calidad, pero usando un ancho de banda del espectro radioeléctrico igual al usado actualmente para un solo canal), se desaprovechará la oportunidad única que nos presenta esta tecnología para poder equilibrar el mercado de la televisión abierta. Pues aunque dicha tecnología permite aumentar la oferta de canales de televisión mediante un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico (canal de propagación de las señales electromagnéticas en el espacio libre), la iniciativa que se discutirá en el Senado mantiene intactos los privilegios del duopolio televisivo en un nuevo escenario tecnológico, que idealmente debería ser aprovechado para equilibrar el altamente concentrado mercado de la televisión abierta en México.

Por lo anterior, la licitación de una tercera cadena de televisión nacional (o incluso una cuarta) es prácticamente una simulación, que únicamente aparenta equilibrar el mercado de televisión abierta, toda vez que posibilita un supuesto escenario de competencia pero con claras ventajas iniciales para Grupo Televisa. ¿Por qué no se obligó a las principales televisoras a compartir infraestructura con los competidores tal y como se obligó en el sector telecomunicaciones a Telmex?, que tendrá que compartir su red telefónica de acceso (mejor conocida en el mundo de las telecomunicaciones como: “última milla”) con la competencia.

Qué difícil es encontrar congruencia entre esta iniciativa de ley y el discurso de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que prometía convergencia, atraer inversión y generar crecimiento económico basado en las nuevas tecnologías, que prometía la regulación de los operadores a favor del consumidor, y promovía a Internet como un instrumento de participación democrática.

Resulta entonces imposible no preguntarse: ¿qué intención política tendrá esta iniciativa de ley? Presentada con un disfraz reformador, pero cuyo fondo concuerda perfectamente con  las rancias prácticas autoritarias (disculpe usted el pleonasmo).

Autoría de: Iván Rubio