En un gobierno caciquil como el del estado de Puebla, el nivel de transparencia está por debajo de la media nacional. La ley permite el acceso a la información pública sin conflictos y que no se deba recurrir a los medios de impugnación, pero en la entidad no hay acceso por demasiadas trabas burocráticas, aseveró Andrés Solís, coordinador de Proyectos del Centro de Periodismo y Ética Pública.

Previo al Seminario Taller que se realizó en el Tecnológico de Monterrey (campus Puebla) explicó en entrevista que no hay una conciencia polaca en el gobierno estatal para ser transparente no sólo al gasto público, sino todo lo referente a su estructura.

"Hay que cambiar un poco la mentalidad entre periodistas y en la sociedad en general, para interesarse en cómo se manejan las prerrogativas en general: contratos, dónde se compra la papelería, lo que se gasta y cómo, qué edificios se rentan, quién capacita a las empresas de seguridad privada, si están dadas de alta en Seguridad Pública federal o local y lo más importante, las licitaciones".

Ante alumnos de comunicación y periodistas se trataron dos temas, el acceso público gubernamental en México a nivel federal a cargo de María Marván Laborde consejera del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y una segunda parte impartida por Arnulfo Domínguez, director de medios del IFAI sobre cómo utilizar los sistemas de información para hacer solicitudes a las dependencias del gobierno federal a través de la institución.

Andrés Solís abundó que si como profesionales de la comunicación ejercitamos el derecho al acceso a la información, se le darán herramientas a la sociedad para que lo hagan por su cuenta. "Organismos como el IFAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos nacen con autonomía, la parte operativa es la que se complica, lo que se debe analizar es de quién dependen directamente, sin embargo hay casos como los de Querétaro, donde la Comisión de Transparencia quedó supeditada a la CEDH, debe rendir cuentas a otro organismo sin la autonomía que requiere, en términos legales es un regresión al acceso a la información", expresó.

Lo importante es la rendición de cuentas, pero la administración estatal intenta con argucias legaloides para obstruir la transparencia, buscar un pretexto. En el estado de Morelos por ejemplo, un consejero del Instituto de Transparencia del Estado fue arrestado porque los ministros del Tribunal de Justicia local levantaron una denuncia ante la Procuraduría y giraron orden de aprensión en contra del consejero por supuestamente haber violado un secreto del poder judicial.

Por su parte, Laborde habló de la necesidad de lograr un sano equilibrio entre el derecho de asociación y el acceso a la información: "una cosa es la militancia política y otra el haber tenido puestos de elección popular o de dirigencia de partidos políticos". Esto en referencia a la presidencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos próxima a elegirse.