Triste es saber que las leyes no se respetan en México, que son un catálogo de buenas intenciones, desconocidas para algunos y, que a pesar de las modificaciones hechas, no surten los efectos positivos deseados para la población.

Por décadas, la clase política de nuestro país ha ofrecido soluciones a corto, mediano y largo plazo, muchas de éstas basadas en iniciativas, modificaciones, derogaciones o promulgaciones de leyes que, a decir de ella, generarán transformaciones para la mayoría de los mexicanos.

Más leyes, menos orden

Si bien el ser humano requiere normas básicas para su desarrollo y convivencia dentro de una comunidad, también pueden ser una limitante o las causantes de críticas y disturbios si no van acordes con la realidad. Y es que México se caracteriza por ser un país sobre reglamentado pero que poco a poco se hunde en el caos.

Desde su Constitución, pasando por sus leyes federales, hasta las del ámbito local (estatal o municipal), México tiene un sinfín de preceptos que lo hace una nación “avanzada” en esa materia, pero que en la práctica tiene demasiadas complicaciones.

Nuestra Carta Magna tiene más de 50 mil palabras y es la novena más antigua de todo el mundo, con todo lo anterior, la legalidad y la justicia están muy lejos de llegar a buen puerto, debido a dos factores: Corrupción e impunidad.

“Yo no, pero tú sí”

Resulta paradójico que los encargados de elaborar las leyes, sean los primeros en violarlas, nos referimos a los diputados y senadores. Personajes que se han visto envueltos en actos ilícitos como el tráfico de influencias o los llamados “moches”, sin que hasta el momento haya culpables.

Tan – o más- cuestionados como los integrantes del Congreso de la Unión, los gobernadores que han hecho de sus estados, verdaderas islas de poder, donde nada ni nadie les obliga a rendir cuentas ni a transparentar sus resultados. Opacidad total.

Asimismo, existen los presidentes de la República, secretarios de Estado, alcaldes, empresarios, medios de comunicación, grupos sociales  y ciudadanos comunes que infringen -de una forma u otra-, sin temor a ser reprendidos o castigados.

Los cambios, ¿la solución?

De manera ingenua, los mexicanos participamos cada tres y seis años en procesos electorales para decidir a quién o quiénes nos representarán como autoridades. El problema radica en que los aspirantes de todos los partidos políticos elaboran (como ya dijimos) propuestas basadas en cambios de orden reglamentario, lo cual sonaría lógico en un país medianamente desarrollado; sin embargo, aquí la legislación es “letra muerta”.

Esto no quiere decir que la labor legislativa sea un sinsentido, por el contrario, cada artículo, cada reglamento o cada reforma son la base para toda evolución de un pueblo, siempre y cuando se cumpla; al tiempo que debe mejorar los sectores prioritarios como la educación, sobre todo entre las nuevas generaciones.

Nueva generación

Y es que enseñar a los más jóvenes es la mejor labor e inversión que todo gobierno debe realizar, apostar por los niños y adolescentes es una meta ambiciosa y viable si queremos a más personas de bien, que respeten y ejerzan sus derechos a plenitud.

La corrupción e impunidad, por desgracia, permanecerán durante los siguientes años porque la población adulta en México vive y se desenvuelve en un entorno corrupto, fomentado por sus autoridades que no detienen a quienes transgreden.

Cambios… hoy

¿Qué hacer entonces? Si México está condenado a seguir igual hasta que a la próxima generación se le instruya de manera distinta, tendríamos que resignaros a pensar que todo el esfuerzo a partir de hoy sería en vano; empero, el ciudadano (actual) tiene la gran tarea de mover a las instituciones, a quienes las encabezan y en general, a la sociedad, a través del acatamiento y vigilancia de la ley y en su caso, de la denuncia de los quebrantadores.

Si algún día sembramos la semilla de la honestidad y el respeto en esta tierra sin ley, cosecharemos los beneficios que tanto hemos buscado.  

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