Comprar el voto, acarrear electores, regalar despensas, pedir una copia de la credencial, pagar entrevistas mediáticas “a modo”, rebasar el tope de gastos de campaña y robar urnas de una casilla, son algunas de las acciones fomentadas, realizadas o toleradas por todos los partidos políticos en México.

Estas labores, además de representar una falta o delito, son financiadas en su mayoría con recursos públicos, dinero que sale de nuestros bolsillos (vía impuestos) y que no se traducen en beneficios directos ni indirectos para nuestra democracia.

¿Solución al problema?
Para erradicar dichas prácticas, el Estado mexicano invierte año con año una importante suma de recursos económicos, humanos, técnicos y materiales para prevenir, vigilar, sancionar o castigar estos actos ilegales.

Ahora, nuestro país cuenta con tres instituciones que se encargan, entre otras cosas, de combatir la “desconfianza electoral”, ya sea por medio de la capacitación, denuncia, información, investigación, monitoreo, observación y en su caso, castigo a cualquier individuo, grupo y ente público o privado.

Un árbitro para el juego
En los noventa, nuestro país hizo un importante esfuerzo para crear y “ciudadanizar” al Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que le quitó al gobierno en turno la posibilidad de organizar y contar los votos, con el fin de darles certeza y legalidad a los postulantes y a la sociedad.

Desde 1996 hasta 2013, el IFE fungió como la máxima autoridad en la materia; sin embargo, durante su existencia, las polémicas y críticas fueron mermando su credibilidad entre la población, pues fue “secuestrado” por las principales agrupaciones políticas nacionales, a través de la imposición de consejeros afines a éstas.

El INE por el IFE
Como resultado de las negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la oposición, en 2014, nació el Instituto Nacional Electoral (INE), un “árbitro”  dotado de mayores facultades con respecto a su antecesor, tanto en los comicios locales como federales.

En 2015 el INE ejercerá un presupuesto total de 18 mil 572 millones 422 mil 236 pesos ($), de los cuales, $5 mil 355 millones serán destinados a las actividades ordinarias y gastos de campaña de todos los partidos políticos y el resto ($13 mil 216 millones) al gasto operativo del propio organismo.

Pilar “endeble”
Otro de los “pilares democráticos” es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), un juez que de acuerdo a la ley, “es última instancia en la calificación de las elecciones, que conoce y resuelve aquellas impugnaciones que con tal motivo se interponen, realiza el cómputo final y formula, (…), tanto la declaración de validez de la elección, como la declaración de Presidente (…)”.

Al igual que IFE y el INE, el Trife ha sido criticado por algunas de sus resoluciones, principalmente en 2006 cuando le otorgó la constancia a Felipe Calderón como Presidente Electo, pese a los reclamos de la entonces Coalición Por el Bien de Todos y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador por supuesto fraude.

El presupuesto de Egresos de la Federación 2015 asignó al Poder Judicial de la Federación un total de $51 mil 769 millones, de los cuales, $3 mil 062 millones serán ejercidos por el Trife.

Policía sin “dientes”
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es el tercer soporte, que a su vez se encarga de “garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales”.

Perteneciente a la Procuraduría General de la República, la Fepade es –en el papel- una subprocuraduría que goza de plena autonomía técnica; no obstante, su integración a esta dependencia la hacen imparcial por naturaleza, pues mientras no haya un cambio legal, su titular es y será subordinado del abogado (o abogada) de la Nación.

¿Resultados?
Lamentablemente, desde 1994, cuando fue establecida, ningún funcionario de alto nivel ha sido encarcelado por alguna transgresión.

Para 2015, la fiscalía recibirá alrededor de 152 millones de pesos, una cifra menor en relación al INE o al Trife, pero suficiente para investigar a aquellos que amenazan, cooptan, engañan, influyen o presionan a una o varias personas para que depositen su voto a favor o en contra de un candidato. 

Tiempo y dinero invertidos
Veinte años lleva México intentando fortalecer su democracia a través de sus instituciones, cuatro lustros de intentar perfeccionar sus leyes y reglamentos o dos décadas de alentar la participación de más gente.

Por desgracia, el INE, el Trife y la Fepade no han podido frenar las violaciones descaradas y reiteradas de la ley por parte de muchos actores; mientras tanto, el costo de la “desconfianza electoral” sigue creciendo sin obtener el tan ansiado voto libre y secreto.

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