¿Quiénes mataron a seis personas entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero? ¿Quiénes fueron los autores materiales de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Dónde están los estudiantes?

A varias semanas de lo acontecido, vale la pena hacer un análisis –parcial- de quiénes son (nombres y cargo) los principales responsables en el llamado Caso Iguala:

José Luis Abarca Velázquez (Presidente Municipal de Iguala)

Descendiente de una familia vendedora de sombreros y vestidos de novia, Abarca se enroló desde joven en la compra y venta de oro, hasta convertirse en el principal “orero” igualteco y tener la capacidad económica para desembolsar 300 millones de pesos para la construcción de su plaza llamada Tamarindos.

Gracias a su dinero y a su amistad con el entonces senador perredista Lázaro Mazón, en 2011, Abarca Velázquez fue impuesto como candidato a la alcaldía de ese municipio y meses después (2012), ganó la elección con 21 mil 546 votos.

Hoy Abarca está detenido por su presunta responsabilidad de lo ocurrido aquel 26 y 27 de septiembre. Su partido, el gobierno estatal y federal no hicieron nada a pesar de los informes –al menos desde 2013- sobre sus vínculos con el crimen organizado y su participación en el asesinato de tres de sus correligionarios. El alcalde con licencia era la pieza faltante en todo este rompecabezas, tan necesaria para la justicia reclamada.

Ángel Aguirre Rivero (Exgobernador de Guerrero)

En esta trama nadie ha sido tan criticado y premiado a la vez como Aguirre. Él es uno de los políticos mexicanos contemporáneos que ha disfrutado las “mieles del poder”.

Dos veces gobernador de su estado en menos de 20 años, el primero por interinato (1996- 1999) y el segundo por mandato constitucional (2011- 2015), Ángel Aguirre fue obligado a interrumpir su periodo –a través de una solicitud de licencia- el pasado 23 de octubre, por su responsabilidad política en lo ya señalado.

No informar, no investigar, no detener, no resguardar y no operar, fueron algunas de las razones por las cuales “rodó” la cabeza del otrora priista. Quizá la separación de Aguirre Rivero no fue del todo mala para él, pues la presión acumulada se trasladará inevitablemente a su sucesor, Rogelio Ortega.

Aguirre vivirá como muchos otros, en la tranquilidad de su casa… en la impunidad total.

Iñaky Blanco (Procurador de Justicia de Guerrero)

Abogado por la UNAM y doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, fue designado –por unanimidad- como procurador el 20 de junio del año pasado.

Su papel como fiscal en la indagación nunca lo ejerció, por el contrario, las “lagunas” de información se notaron a las pocas horas de la tragedia y principalmente, su omisión para detener a Abarca fueron determinantes para que su jefe, Ángel Aguirre, dimitiera.

A más de un mes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero es coadyuvante, por no decir un “cero a la izquierda”, ya que fue desplazada en su totalidad por la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a la atracción del caso se refiere.

Jesús Murillo Karam (Procurador General de la República)

El exmandatario de Hidalgo es uno de los abogados más reconocido al interior de su partido; empero, sus resultados en dicho asunto no son equivalentes a su experiencia.

Desconocer por más de 936 horas (y contando) el paradero de los 43 jóvenes es inconcebible para un procurador, quien tiene a su disposición todo el aparato de investigación del Estado mexicano. Si Murillo Karam cuenta con datos secundarios e intrascendentes (como hasta ahora), es malo, si tiene información valiosa clasificada, es peor.

Enrique Peña Nieto (Presidente de la República)

Tener municipios débiles en entidades incapaces da como resultado un país caótico. Eso le sucede al ejecutivo federal, la crisis de Iguala escaló de niveles en pocos días, al grado de mostrar las debilidades y carencias del poder central.

Una revuelta local, se transformó en un movimiento nacional y después, en una condena internacional. Por segunda ocasión, la administración de Enrique Peña asume el control de un estado, así como en Michoacán, en Guerrero, la seguridad corre a cargo de la Gendarmería, el Ejército y la Armada, y la justicia a través de la PGR, sin que hasta el momento haya resultados tangibles.

La mala estrategia empleada y las pocas noticias disponibles, le están cobrando factura al gobernante. De los tres actores con más peso político en esta historia, Abarca, Aguirre y Peña, sólo el tercero continúa en el camino, un camino más desgastante y lleno de cuestionamientos si no encuentra a los normalistas.

Como si fuera un ataque aéreo, lo sucedido en Iguala dejó “heridos y cadáveres políticos” esparcidos, quienes ya experimentan un cambio radical debido a esa noche fatídica de septiembre; ellos forman parte de la hecatombe guerrerense.

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