En la comunicación política no hay nada peor que un gobierno desinformado o carente de datos, ese que puede generar y difundir mensajes poco relevantes y, que, ante un problema, realiza –por lo general- un deficiente control de daños que termina por afectar su imagen y reputación.

Un gobierno, además de ser el organismo que administra, ordena y conduce una colectividad, se encarga de brindar información útil, oportuna y periódica a sus ciudadanos sobre cualquier acción, programa, facultad que le confiere la ley.

Tragedia en Iguala

Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero entre el 26 y 27 de septiembre pasados, donde un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron atacados por la policía local de este municipio, reveló no sólo el grado de penetración del crimen organizado en una estructura de poder, sino también la nula estrategia de comunicación del ayuntamiento, el deficiente manejo de medios del orden estatal y el vacio de información del federal.

Por supuesto que la corrupción e impunidad en Guerrero y en México son materia de análisis; por el momento, la falta de notas oficiales que ayuden a esclarecer dicha tragedia son insuficientes y hasta contradictorios.

Nadie sabe, nadie supo

Horas después del incidente, el Presidente Municipal –hoy prófugo-, José Luis Abarca Velázquez, señaló en algunas entrevistas radiofónicas que no se enteró del acontecimiento porque se encontraba "bailando (Sic)" en una fiesta, la cual inició, dijo, al finalizar un evento encabezado por su esposa y Presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda.

Si esta versión es cierta, entonces la mala coordinación entre el alcalde y su secretario de Seguridad Pública quedaron al descubierto. Por otra parte, el motivo para no implementar los protocolos -policiacos- para disuadir esta concentración estudiantil y, en su caso, detener a quien infringió, aún se desconoce.

Gobernador ausente

En segundo lugar, el Gobierno del Estado de Guerrero a través de su titular, Ángel Aguirre Rivero, condenó vía Twitter lo sucedido y expresó de manera escueta que se “fincaría todo el peso de la ley” contra quienes resultaran responsables de la agresión y desaparición.

Al mismo tiempo, el procurador de Justicia local, Iñaky Blanco hizo acto de presencia en la ciudad de Iguala, sin embargo, se negó a hablar ante los representantes de los medios de comunicación. La incertidumbre, la aparición de rumores, conjeturas y percepciones apenas iniciaban.

Tardía o erróneamente, Aguirre instruyó a las instancias correspondientes la búsqueda “casa por casa” de 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y la localización del edil igualteco; asimismo, se negó a renunciar a su cargo y proporcionó datos incompletos sobre algunos cadáveres y fosas encontradas.

Deslinde  total

Como tercer elemento y no menos importante está la inacción, omisión y vacios del Ejecutivo Federal (Presidente, Procuraduría General de la República [PGR], Policía Federal, Cisen, Ejército y Marina) en este tema. Cuatro días después de lo ocurrido en la llamada “cuna de la Bandera Nacional”, el mandatario, Enrique Peña Nieto, afirmó que el gobierno guerrerense debía “asumir responsabilidades” por los hechos de violencia.

Otras respuestas y apoyos federales también demoraron. Fue hasta el 5 de octubre cuando la PGR atrajo el caso y un día más tarde, la Gendarmería llegó a Iguala para asumir las tareas de seguridad.

Ni pies ni cabeza

Si la apuesta de Peña era endosar los costos políticos a Ángel Aguirre, se equivocó, pues el escándalo traspasó las fronteras y Guerrero no fue catalogado como el “foco rojo”, sino a México en su conjunto.

Ya pasaron varios días, el suministro de información por parte de las autoridades es constante pero con poca relevancia, es decir, anuncios sin respuestas, sin fondo y opacados por declaraciones como la del padre Alejandro Solalinde (sobre el supuesto destino de los normalistas). Discursos como el emitido el 10 de octubre por Los Pinos en solidaridad con los jóvenes levantados, dejó en claro que, además de ser un monólogo, la agenda mediática gubernamental no tiene “ni pies ni cabeza”.

Retos y más retos

¿Cómo hacerlo? La imagen conflictiva del país se mantiene, el paradero de las víctimas no se conoce, los responsables materiales de la desaparición son anónimos, el edil se esfumó, el gobernador reparte culpas y no asume la suya, el Presidente es más reactivo que proactivo ante la situación y la sociedad sigue exigiendo resultados (veraces).

Para evaluar el control de daños que hicieron las respectivas direcciones generales de comunicación todavía faltan piezas por observar, empero, lo único cierto es que el vacío de poder más el vacío de información es IGUAL-A dos problemas que Peña y Aguirre deben resolver.

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