La reforma energética constituye uno de los logros más grandes de la presente administración federal. Sus potenciales efectos positivos serán muy importantes para México en el mediano y largo plazo, desde el punto de vista social y económico.

A partir de la aprobación de los cambios constitucionales más recientes, queda un largo camino por recorrer enmarcado por la complejidad de los temas que deberán ser regulados en las correspondientes leyes secundarias, incluyendo las leyes orgánicas de los nuevos organismos reguladores que han sido creados.

Con la modificación constitucional en materia energética recientemente aprobada por el Congreso de la Unión se ha cerrado un importante periodo histórico de la industria petrolera nacional. Desde 1938, todas las actividades de la cadena productiva de dicha industria eran facultad exclusiva del Estado mexicano a través de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al modificarse el artículo 25 constitucional, el sector público mantendrá a su cargo las áreas estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos de manera exclusiva; el Gobierno federal podrá asignarlas a empresas productivas del Estado o a particulares, mediante diversos tipos de contratos. Estas actividades de interés social y orden público tendrán preferencia sobre cualquier otra.

De acuerdo con las modificaciones constitucionales, el petróleo y otros hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos seguirán perteneciendo a la nación con el carácter de "inalienables e imprescriptibles"; las concesiones quedarán prohibidas. La exploración y extracción serán consideradas actividades estratégicas y correrán a cargo del Gobierno mediante asignaciones a empresas paraestatales o particulares.

Se establecen cuatro modelos contractuales básicos para la exploración y la extracción de hidrocarburos: de servicios (con pagos en efectivo); de utilidad compartida (con pagos hechos con un porcentaje de la utilidad aún no establecido formalmente); de extracción compartida (con pagos hechos con un porcentaje de la extracción), y licencias (con pagos hechos por medio de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que han sido extraídos del subsuelo).

Un cambio muy llamativo es que Pemex tendrá la facultad para concluir proyectos de exploración vigentes, dentro de los próximos tres años, prorrogables dos años más. Si son exitosos, la paraestatal podría continuar con las actividades de extracción, de lo contrario, los proyectos serán eliminados o reasignados. Si en el proceso de adjudicación de asignaciones se afectaran las inversiones de Pemex, estas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que disponga la Sener.

El resto de procedimientos de la industria petrolera: transporte, almacenamiento, distribución y refinación de hidrocarburos, así como la petroquímica, quedarán fuera de las actividades estratégicas estatales y, en consecuencia, podrán ser llevadas a cabo por el sector privado, en los términos que establezca la ley reglamentaria.

Los inversionistas tendrán que superar diferentes desafíos para insertarse en el nuevo escenario, para participar en función de la experticia de cada uno. En este sentido, es fundamental el conocimiento y experiencia para lograr una exitosa colaboración en las licitaciones que se darán en el futuro.

Algunas de las complejidades más relevantes a las que pueden enfrentarse los inversionistas al respecto son las siguientes: impacto en la información financiera y flujos de efectivo, dependiendo del tipo de contrato que establezca el Gobierno federal para cada proyecto; los impactos derivados del nuevo régimen fiscal; el cumplimiento de requisitos contractuales y obligación de reportar información operativa y financiera; el acatamiento de leyes y regulaciones, incluidas las correspondientes a la sustentabilidad y la ecología; el reto de lograr una eficiente y oportuna administración y conclusión de proyectos de inversión.

También, los inversionistas han de hacer frente a la consecución de un régimen laboral óptimo para las empresas; y el establecimiento de sistemas de información requeridos para la generación de información operativa y financiera, con las que será evaluado el cumplimiento de los contratos entre el Gobierno y las empresas.

@felipealave